“Fue un problema cuando vimos que la autopsia (de José Antonio Gómez) indicaba que se había tratado de una muerte ‘no violenta’. Obviamente nos resultó ilógico que una persona que estaba atada y amordazada hubiera fallecido de manera natural. Por eso pedimos que se hiciera una junta médica”, señaló la hoy jubilada fiscal de Homicidios, Adriana Giannoni. La investigadora se refería al crimen del cuidador de una finca de La Marta. El hombre de 68 años había sido reducido y abandonado a su suerte con una mordaza que le causó la muerte por asfixia.

Giannoni, en entrevista con LA GACETA, destacó: “si nos quedábamos con lo que decía la autopsia tendríamos que haber dado por cerrada la investigación. Tuvimos una reunión con los auxiliares que estaban trabajando también en el caso y decidimos pedir una junta médica. Esa medida, que fue llevada a cabo por los doctores Raúl Afur y Juan José Farías Sánchez confirmó que se trató de una muerte violenta y que el deceso se dio por asfixia. Esa fue la primera pieza del rompecabezas que nos llevó hasta esta banda, la cual creemos que estuvo involucrada en varios hechos”.

El crimen de Antonio Gómez ocurrió el 14 de noviembre de 2019. El informe de la junta médica permitió que se pudiera buscar a los responsables e imputarlos por el hecho pero pasarían meses hasta su captura. En la mordaza de la víctima se encontró ADN de uno de los agresores.

El 5 de enero de 2020, una banda asaltó a Damián Florentino Gómez, de 78 años, en su despensa de Tala Pozo. Los agresores ataron de pies y manos a la víctima y luego la estrangularon para asegurar su impunidad. En la casa se halló material genético de dos personas que no coincidían con nadie del pueblo. Al tratarse de parajes desolados, fue complicado conseguir cámaras de seguridad y testigos del hecho, sin embargo hubo personas que dijeron haber visto a tres desconocidos en el almacén ese día y señalaron a Pedro Orlando Reynaga como uno de ellos.

Finalmente, el 26 de junio de 2020, una banda redujo y ató a un empleado para luego asaltar al agricultor José Porcel en su finca de La Ramada de Abajo.

Los delincuentes le dispararon al productor y le causaron la muerte. Luego, huyeron en un auto y una moto, pero por una mala maniobra uno de los vehículos volcó y así se detuvo a Marcelo Bernardo Alderete (el viernes confesó el hecho) y a Juan Alfredo Acosta. Días después, mediante allanamientos, serían arrestados José Ramón Rojas y Antonio Ismael Sánchez.

“La junta médica permitió que pudiéramos empezar la investigación y así se encontró el ADN en La Marta que coincidía con uno de los acusados (Sánchez). Claramente había un modus operandi idéntico, que nos llevaba a pensar que en los tres casos había actuado la misma banda. Luego las pericias genéticas serían un nexo entre las tres causas. Para lograr eso fue fundamental el trabajo conjunto de las dos fiscalías de Homicidio”, argumentó Giannoni.

Los ADN encontrados en Tala Pozo coincidían con el perfil de Acosta y Rojas. Fueron imputados en ese hecho junto a Reynaga. Además Sánchez y Rojas fueron acusados del crimen en La Marta.